Atención, Baylos en catalán ( aunque traducido ).
sábado, 15 de octubre de 2011
martes, 28 de diciembre de 2010
sábado, 27 de noviembre de 2010
domingo, 25 de julio de 2010
LAS POLÍTICAS DE "AJUSTE" DEL GASTO COMO UN GIRO CONTRA LOS INTERESES DE LA MAYORÍA SOCIAL.
Es interesante rescatar ese artículo de Ramón Górriz que expresa de forma muy clara el giro que las políticas de ajuste y de recorte del gasto social han supuesto en el caso español y sus implicaciones antisociales.
Un giro contra los intereses de la mayoría social
Revista Trasversales número 19 verano 2010
Ramón Górriz es secretario de Acción Sindical de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras
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El Gobierno español ha dado un giro radical a su enfoque político y económico, por la presión de la UE, y por convencimiento de que ahora sí es inevitable producir este giro hasta posiciones que, desde la radicalidad del pensamiento neoliberal, quieren construir unas bases de salida a la crisis que atentan contra los intereses de la mayoría social.
Los objetivos de este plan de reducir el déficit público, entre los años 2010 y 2011, al 6%, encaja con las propuestas aprobadas ya en forma de Plan de Austeridad el pasado 29 de febrero, que era un anticipo de este plan, y sobre el cual Comisiones Obreras manifestamos no sólo nuestra crítica sino una posición alternativa con iniciativas distintas, más coherentes, con la situación económica y social de nuestro país.
Aquel Plan de Austeridad para 4 años tenía una lógica que era concentrar el grueso del ajuste de las cuentas públicas, para llevar el déficit público al 3% en 2013. La lógica se sustentaba en que para ese momento la economía se habría recuperado y estaríamos en crecimiento y por lo tanto en circunstancias financieras distintas.
Lo que hace ahora el Gobierno es anticipar el ajuste, y de aquellos 50.000 millones de euros de recorte previstos para un periodo de cuatro años, ahora concentra la mayor parte del esfuerzo en lo que queda del año 2010 y en 2011. También dicen que para reducir la tasa del paro del 20%. Lo primero que hay que decirles es que así no se consigue ni una cosa ni la otra. El déficit público hay que reducirlo, pero en tiempo y forma, de la manera adecuada, y no se va a reducir por el efecto de estas medidas. Por otro lado, el paro va a seguir creciendo, porque retirar 15.000 millones en medio de una crisis de demanda, que es lo que vive nuestro país, a través de la reducción de los salarios, empezando por los salarios de empleados y empleadas públicos, las pensiones y otra parte de la inversión productiva, sólo puede provocar, y va a provocar, un retraso en la salida de la crisis y un mayor crecimiento del desempleo. En el último trimestre se han registrado 286.200 desempleados más, alcanzándose la cifra de los 4.612.700 parados y paradas, llegando a una tasa del 20,05%.
Las medidas tomadas por el Gobierno son inadecuadas, porque son antieconómicas, y son injustas en el reparto de la carga, y vulneran acuerdos y normas legales en nuestro país. Sólo así se puede calificar, de vulneración, de ruptura del Pacto de Toledo y su espíritu, la decisión de congelar las pensiones para el año 2011 y de modificar la forma en que opera la jubilación parcial.
Además hay que desmontar el tópico sobre lo privilegiados que son los empleados públicos, sin obviar que casi el 25% son contratos temporales y mucho más en las corporaciones locales, y que muchos de ellos y ellas perciben salarios por debajo de los 1.000 euros. Los empleados públicos son servidores públicos, son quienes atienden los institutos, las escuelas, los hospitales, la limpieza, la seguridad, la administración… que son funciones básicas en un país. Y hay que prestigiar los servicios públicos y a las personas que los prestan, no desprestigiarlos permanentemente.
Las medidas tomadas vulneran un Acuerdo, el de la Función Pública, que para nosotros tiene el valor de un convenio colectivo. Es la primera vez que un Gobierno se atreve a recortar los salarios y a hacerlo por la vía del decretazo, incumpliendo un compromiso, un acuerdo trabajosamente alcanzado con las federaciones de Área Pública de CCOO y otros sindicatos. El Gobierno arruina el valor del Acuerdo, además de repartir de forma injusta la carga e inducir a un deterioro de servicios básicos para la ciudadanía.
El Gobierno no puede deteriorar el valor de la negociación y el acuerdo hasta el extremo que pretende hacerlo. Como no puede poner en solfa el Pacto de Toledo, que es vital para el futuro de las pensiones en nuestro país. Lo que plantea va mucho más allá de los intereses económicos, que son importantes, de 6.000.000 de pensionistas, que van a ver cómo su pensión pierde poder adquisitivo.
Tampoco es de recibo lo que se propone en materia de dependencia. Además de lesionar los intereses de las personas dependientes y sus familias, las comunidades autónomas que más han incumplido la Ley van a resultar premiadas: con el ajuste sobre los atrasos se van a ahorrar 300 millones. No se puede premiar eso. No se puede premiar la desidia, el desinterés de quienes están llamados en primera instancia a velar por el cumplimiento de la ley.
No es admisible que a poco más de 20 días de la presentación, por parte del presidente del Gobierno, a bombo y platillo, de un plan de inversión en infraestructuras con financiación público-privada, se anuncie un recorte de ese mismo plan por valor de 6.045 millones.
Como puede observarse estamos ante medidas de hondo calado antieconómico que van a retrasar la salida de la crisis y a provocar más problemas para el empleo en nuestro país. Esta es la lógica, actuando sobre el gasto social, con la que está construido el plan de ajuste. Un plan que no se compadece con los intereses de este país, sino que son medidas que avanzan justo en la dirección contraria y que se instalan en una lógica de reparto de la carga profundamente desequilibrada e injusta. Por tanto, la respuesta de convocatoria de Huelga General en el sector público para el 8 de junio es la adecuada a semejante ataque.
Hay alternativas, se pueden hacer las cosas de otra manera. Hay otras vías. En Comisiones Obreras nunca nos hemos quedado en la mera crítica o en la simple contestación. Somos mucho más responsables que todo eso. Hay vías alternativas, y no es cierto, por mucho que lo repitan hasta la saciedad el presidente del Gobierno, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y la Unión Europea, que sólo haya una salida en el ajuste del gasto. Basta mirar al vecino Portugal, que han tenido la valentía de ir a un acuerdo entre las formaciones políticas y construir el plan para la acomodación de las cuentas públicas, no sólo actuando sobre el gasto sino también sobre los ingresos, sobre la política fiscal, modificando elementos fiscales en aquel país para dotar de más capacidad financiera a las Administraciones Públicas. Aquí no, aquí se impone todo el Plan que va en la línea de la reducción del gasto, junto con un fuerte golpe a la inversión productiva.
Y todo esto ¿para qué?, para dar satisfacción y tratar de calmar a los mercados, pero no va a poder hacerlo y probablemente en pocos días conozcamos el anuncio de nuevas exigencias. Porque los mercados son insaciables y han visto la debilidad de los Estados y saben que pueden imponer sus condiciones. Los Estados tienen la obligación de fortalecerse con la ciudadanía.
El Parlamento, el pasado 27 de mayo y por un voto, ha dado el visto bueno al Plan del Gobierno, nosotros consideramos que debería haberlo rechazado y haber mandatado al Ejecutivo para que convocase con urgencia a los partidos, sindicatos y organizaciones empresariales y en ese marco tratar de establecer una línea de actuación, desde el consenso que, acorde con la gravedad de la situación, apostase por un plan equilibrado y coherente con las necesidades y prioridades de las actuales circunstancias económicas y sociales.
Hay alternativas, y es una necesidad completar el proceso de reestructuración del sistema financiero español porque no habrá reforma laboral que genere empleo si no se genera actividad económica; una actividad que depende de la inversión privada y de la canalización del ahorro a la economía real, función ésta que corresponde a los bancos y las cajas de ahorro.
La recapitalización del sistema financiero español es una de las mayores necesidades de la economía española. Esto exige capitalizar, concentrar y reestructurar el sector, manteniendo el control de riesgos. La capitalización se puede abordar ahora por distintas vías: emisión de participaciones preferentes, cuotas participativas, ampliaciones de capital, con distintas consecuencias en cuanto a la responsabilidad asumida por el Estado.
En todas ellas, debe exigirse el cambio de gestores y políticas causantes de las dificultades, y que sean compatible con la defensa del modelo social y naturaleza jurídica de las cajas de ahorros, tanto en lo que se deriva de la regulación actual de estos instrumentos de captación de recursos como en lo que se derive de cualquier iniciativa de cambio normativo en su definición.
Es preciso definir los procedimientos que permitan integrar entidades de distintas comunidades autónomas cuando lo decidan sus órganos de gobierno. Tanto en el caso de fusiones como en las llamadas “fusiones virtuales” a través de Sistemas Institucionales de Protección (SIPs), que deben poder darse a través de instituciones cuyo marco normativo sea el de las cajas de ahorros.
Activar el FROB, si es preciso prorrogando su vigencia, y acometer reformas legislativas imprescindibles para garantizar empresas viables (rentables, solventes y eficientes), el empleo y, en el caso de las cajas, su modelo social de inclusión financiera de amplios sectores de población y estructuración socioeconómica de los territorios en los que realizan su actividad, retorno del beneficio como dividendo social y participación de la sociedad y trabajadores de las cajas en la administración y control de la actividad financiera y social.
Se hace necesario que la industria financiera española encuentre nuevos mecanismos de financiación de estas empresas además de los ya existentes, mecanismos que amparados en su buena rentabilidad soslayen los problemas de solvencia y dimensión. De ahí que no sólo debemos hablar de instrumentos financieros, sino de una colaboración estrecha con instituciones y organismos, y la combinación con instrumentos complementarios de otros sectores estratégicos, Telecomunicaciones, Tecnología de la Información, etc…, todo con un único objetivo: aumentar el tamaño de nuestras empresas, promover su asociación y cooperación en estructuras de mayor tamaño capaces de operar en los mercados financieros. El aumento de tamaño de las Pymes es una de las bases para la modificación de nuestro modelo productivo.
Es necesaria una profunda reforma fiscal, eso también es inversión pública y eso se llama impuestos. Y, si tienen miedo a enfrentarla, que al menos se planteen que para combatir la crisis se puedan adoptar, aunque sea de manera transitoria, algunas medidas que nos eviten la situación que va a generar el Plan de ajuste.
Combátase la bolsa de fraude, actúese en las sociedades de inversión de capital variable. Empréndase una lucha decidida, con coraje político, contra la economía sumergida. No es de recibo que nuestro país tenga 10 puntos más de media de economía sumergida que el resto de los países de la comunidad europea. La lucha contra el fraude y la economía sumergida del Gobierno se ha quedado en meras palabras y además se ha condenado a la precariedad a millones de personas en nuestro país que trabajan sin los mínimos derechos laborales que sería imprescindible garantizar por un Gobierno que se reclama de izquierdas.
Hay alternativas. Estas o parecidas, pero hagamos una discusión en el país y no vayamos a la vía de la imposición unilateral como único recurso.
En este contexto, a pesar de todo, nosotros queremos un acuerdo en el ámbito laboral. Ya hemos mostrado nuestra responsabilidad suficientemente. Este sindicato la tiene sobradamente acreditada. No hace falta ir al pasado, en el momento presente hemos promovido y suscrito el Acuerdo en la Función Pública, el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva que, por otra parte, las organizaciones empresariales están poniendo en sordina a la hora de su desarrollo y aplicación.
No podemos permitir que el Plan de ajuste, si sigue adelante, contamine otros espacios como la negociación colectiva y el diálogo social tripartito, como ya apunta que puede suceder.
Vamos a hacer una apuesta decidida por el acuerdo en la Mesa laboral, pero queremos un acuerdo equilibrado. Lo hemos dicho y lo vamos a sostener; de ésta no se puede salir con un deterioro mayor del mercado laboral en España a partir de una devaluación de la normativa laboral y no estamos de acuerdo con muchas de las cuestiones que plantean las organizaciones empresariales, algunas de ellas apoyadas por el Gobierno.
El Plan de ajuste ha establecido un nuevo marco de interlocución, un campo de juego distinto, peor para la negociación tripartita. Aún así vamos a apostar por el acuerdo, pero un acuerdo, insistimos, equilibrado.
Ya están anunciando que tienen el Decreto Ley preparado. Podían haber sido más diligentes en la fase de negociación. Nuestra apuesta sigue siendo la negociación, lo hemos dicho hasta la saciedad; ante tanta presión de propios y extraños, tenemos que reafirman que la regulación laboral no crea empleo, el empleo se crea reanimando la actividad económica, estimulando el consumo y la inversión pública y privada, justo lo contrario de lo que suponen las medidas del Gobierno. En el mejor de los casos, las modificaciones en la regulación del mercado laboral pueden contribuir a crear entornos favorables. De esta premisa partíamos para establecer los dos grandes objetivos que CCOO se propuso en la negociación que ahora está llegando a su fin. En primer lugar se trata de contribuir a taponar la sangría de destrucción de empleo, y en segundo lugar de crear las condiciones para que, una vez la actividad económica se recupere, el empleo también lo haga.
Estos dos objetivos nos llevaron a plantear dos tiempos distintos para la negociación, así como dos bloques temáticos diferenciados para cada uno de ellos, frente a aquellos que planteaban una única negociación donde unos temas condicionasen a los otros, independientemente del espacio temporal en el que debían operar las medidas que en su caso se acordasen.
Que el país sepa que no sólo cabe la resignación o la protesta por muy elevada de tono que sea. Que hay alternativas distintas que se pueden construir entre todos con voluntad, con rigor, con capacidad y, si hace falta, con movilizaciones. Las movilizaciones que ahora se inician, la extensión y amplitud de las mismas, incluida la Huelga General, si es el caso, van a depender de la acción del Gobierno, del mantenimiento o la profundización de las medidas que ahora plantea, del resultado de la Mesa de negociación tripartita.
La negociación ha ido discurriendo más lentamente de lo que hubiera sido conveniente y ha pasado un largo periodo de tiempo desde que se retomara el diálogo social tripartito. Se ha intentado articular un proceso con voluntad de llegar a un acuerdo y seguimos instalados en esa idea, a pesar de los problemas y de las dificultades y a pesar de que el plan de ajuste aprobado por el Gobierno tiene al menos dos efectos colaterales. Uno, debilita, porque estrecha el campo en el que se puede trabajar, las posibilidades de un acuerdo tripartito en el mercado laboral y, otro, sobre la negociación colectiva. Algunos efectos ya los estamos viendo en algunos comportamientos empresariales, en relación con convenios colectivos que estaban a punto de firmarse. El más sangrante el del campo en Extremadura que, convocados los medios de comunicación para proceder a la firma y explicar la misma, la patronal desconvoca a los medios y plantea que, conocido el plan del Gobierno, quiere un menos 5, ¡se iba a firmar un pírrico 0’8 para el primer año y llegaron con la propuesta de rebajar 5!, no se ha generalizado todavía, pero ya existen artículos de prensa del presidente de la CEOE donde indica el camino a seguir en relación con los compromisos en materia de negociación colectiva.
Deberíamos tratar de evitarlo, en la medida de lo posible. En lo que dependa de nosotros, al menos, así lo haremos, pero son efectos colaterales importantes de la decisión del Gobierno que contamina el resto de los espacios.
Nosotros hemos ido a la mesa de negociación con las propuestas en torno a la entrada al empleo, la permanencia en el trabajo y la salida. Es difícil, por no decir imposible, salvo que vayamos a donde pretende ir ahora desde la CEOE, construir un plan de choque para favorecer la contratación de jóvenes y de parados y paradas de larga duración, si la CEOE pretende ir por la modificación de los artículos 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores para hacer previsible el despido, eso supone descausalizar el despido objetivo, sinceramente ésta es una línea roja que este sindicato no va a cruzar. Porque lo que buscan en esta negociación no es compartir en materia de organización del trabajo, lo que buscan es utilizar la crisis como oportunidad para reforzar el poder discrecional de las empresas.
Hemos planteado abordar el debate sobre la flexibilidad, sabiendo que significa la modificación de condiciones sustanciales de trabajo y esto lo regulan los artículos 39, 40, 41 y 47 del Estatuto de los Trabajadores y expedientes de regulación de empleo, sean de extinción o sean temporales. Sabemos que se trata de un debate que tiene una gran envergadura y que una patronal moderna asumiría con agrado porque es un auténtico desafío, porque es un reto para la transformación de nuestro marco de relaciones laborales, porque supone abrir la ley para reforzar el convenio colectivo desde el reforzamiento de la participación sindical en la empresa. Esto también es un desafío para el movimiento sindical, es un reto que, aunque costoso, nos permitiría reforzar la organización desde el reforzamiento de la negociación colectiva. Pero esta patronal no está dispuesta a explorar esta posibilidad, a compartir en materia de organización del trabajo y lo que buscan es utilizar la crisis como oportunidad para reforzar el poder discrecional de las empresas.
Éstas son las propuestas de la patronal y el Gobierno ha estado ausente, a pesar de que no es un mero espectador, ni un mediador, sino una parte activa de la negociación, que ha delegado su parte de responsabilidad, pero ahora tiene que recuperarla, entre otras cosas porque ha cambiado el escenario en el que estábamos trabajando y lo ha cambiado el propio Gobierno.
CCOO sigue apostando por el Acuerdo Laboral y vamos a trabajar para alcanzarlo, pero sabiendo dónde están los límites con precisión, porque hay barreras que no se pueden traspasar.
Nos reafirmamos en la voluntad inequívoca de alcanzar un acuerdo en la mesa de mercado laboral, pero tenemos que advertir que, en el actual escenario socioeconómico, marcado por los recortes sociales decididos por el Gobierno, ante cualquier tipo de reforma del mercado de trabajo lesiva para los derechos de los trabajadores y en el marco del actual proceso de movilizaciones, procederemos a la convocatoria de una Huelga General en el país, en el marco de unidad de acción y de acuerdo con la UGT.
Además CCOO, junto con la UGT, hemos propuesto la celebración de una jornada de acción sindical europea, que finalmente ha cristalizado en la convocatoria, por parte de la CES, de una gran jornada de movilización sindical europea para el día 29 de septiembre, que se concretará en una gran manifestación sindical europea en Bruselas, acompañada de distintas movilizaciones en cada país, de acuerdo con las posibilidades y dinámicas nacionales, huelgas, manifestaciones y otras acciones de protesta. Con esta medida el movimiento sindical europeo quiere expresar su rechazo a las medidas que se van tomando y que afectarán negativamente al crecimiento económico y al empleo, poniendo en cuestión la salida de la crisis en Europa.
La crisis está poniendo en evidencia carencias básicas en el proceso de construcción europea. Los límites de un mercado con una única moneda, sin instrumentos de política económica esenciales, así como las deficiencias del sindicalismo europeo, deben ser objeto de atención prioritaria en los debates del próximo congreso de la CES previsto para 2011. La estrategia de los sindicatos pasa por defender el empleo, el crecimiento económico y una mayor integración política y económica europea.
Paralelamente al trabajo que hay que desarrollar a nivel internacional, tenemos que afrontar y articular la respuesta de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país para que, frente al Plan de ajuste del Gobierno, se abra camino un Pacto por el crecimiento, el empleo y el cambio de modelo productivo. Nadie dijo que el camino en la defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras, de la gente que quiere trabajar y no puede hacerlo y de la gente que ha terminado su actividad laboral después de largos años de trabajo, sea fácil, pero a ello vamos a dedicar todas nuestras energías.
Un giro contra los intereses de la mayoría social
Revista Trasversales número 19 verano 2010
Ramón Górriz es secretario de Acción Sindical de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras
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El Gobierno español ha dado un giro radical a su enfoque político y económico, por la presión de la UE, y por convencimiento de que ahora sí es inevitable producir este giro hasta posiciones que, desde la radicalidad del pensamiento neoliberal, quieren construir unas bases de salida a la crisis que atentan contra los intereses de la mayoría social.
Los objetivos de este plan de reducir el déficit público, entre los años 2010 y 2011, al 6%, encaja con las propuestas aprobadas ya en forma de Plan de Austeridad el pasado 29 de febrero, que era un anticipo de este plan, y sobre el cual Comisiones Obreras manifestamos no sólo nuestra crítica sino una posición alternativa con iniciativas distintas, más coherentes, con la situación económica y social de nuestro país.
Aquel Plan de Austeridad para 4 años tenía una lógica que era concentrar el grueso del ajuste de las cuentas públicas, para llevar el déficit público al 3% en 2013. La lógica se sustentaba en que para ese momento la economía se habría recuperado y estaríamos en crecimiento y por lo tanto en circunstancias financieras distintas.
Lo que hace ahora el Gobierno es anticipar el ajuste, y de aquellos 50.000 millones de euros de recorte previstos para un periodo de cuatro años, ahora concentra la mayor parte del esfuerzo en lo que queda del año 2010 y en 2011. También dicen que para reducir la tasa del paro del 20%. Lo primero que hay que decirles es que así no se consigue ni una cosa ni la otra. El déficit público hay que reducirlo, pero en tiempo y forma, de la manera adecuada, y no se va a reducir por el efecto de estas medidas. Por otro lado, el paro va a seguir creciendo, porque retirar 15.000 millones en medio de una crisis de demanda, que es lo que vive nuestro país, a través de la reducción de los salarios, empezando por los salarios de empleados y empleadas públicos, las pensiones y otra parte de la inversión productiva, sólo puede provocar, y va a provocar, un retraso en la salida de la crisis y un mayor crecimiento del desempleo. En el último trimestre se han registrado 286.200 desempleados más, alcanzándose la cifra de los 4.612.700 parados y paradas, llegando a una tasa del 20,05%.
Las medidas tomadas por el Gobierno son inadecuadas, porque son antieconómicas, y son injustas en el reparto de la carga, y vulneran acuerdos y normas legales en nuestro país. Sólo así se puede calificar, de vulneración, de ruptura del Pacto de Toledo y su espíritu, la decisión de congelar las pensiones para el año 2011 y de modificar la forma en que opera la jubilación parcial.
Además hay que desmontar el tópico sobre lo privilegiados que son los empleados públicos, sin obviar que casi el 25% son contratos temporales y mucho más en las corporaciones locales, y que muchos de ellos y ellas perciben salarios por debajo de los 1.000 euros. Los empleados públicos son servidores públicos, son quienes atienden los institutos, las escuelas, los hospitales, la limpieza, la seguridad, la administración… que son funciones básicas en un país. Y hay que prestigiar los servicios públicos y a las personas que los prestan, no desprestigiarlos permanentemente.
Las medidas tomadas vulneran un Acuerdo, el de la Función Pública, que para nosotros tiene el valor de un convenio colectivo. Es la primera vez que un Gobierno se atreve a recortar los salarios y a hacerlo por la vía del decretazo, incumpliendo un compromiso, un acuerdo trabajosamente alcanzado con las federaciones de Área Pública de CCOO y otros sindicatos. El Gobierno arruina el valor del Acuerdo, además de repartir de forma injusta la carga e inducir a un deterioro de servicios básicos para la ciudadanía.
El Gobierno no puede deteriorar el valor de la negociación y el acuerdo hasta el extremo que pretende hacerlo. Como no puede poner en solfa el Pacto de Toledo, que es vital para el futuro de las pensiones en nuestro país. Lo que plantea va mucho más allá de los intereses económicos, que son importantes, de 6.000.000 de pensionistas, que van a ver cómo su pensión pierde poder adquisitivo.
Tampoco es de recibo lo que se propone en materia de dependencia. Además de lesionar los intereses de las personas dependientes y sus familias, las comunidades autónomas que más han incumplido la Ley van a resultar premiadas: con el ajuste sobre los atrasos se van a ahorrar 300 millones. No se puede premiar eso. No se puede premiar la desidia, el desinterés de quienes están llamados en primera instancia a velar por el cumplimiento de la ley.
No es admisible que a poco más de 20 días de la presentación, por parte del presidente del Gobierno, a bombo y platillo, de un plan de inversión en infraestructuras con financiación público-privada, se anuncie un recorte de ese mismo plan por valor de 6.045 millones.
Como puede observarse estamos ante medidas de hondo calado antieconómico que van a retrasar la salida de la crisis y a provocar más problemas para el empleo en nuestro país. Esta es la lógica, actuando sobre el gasto social, con la que está construido el plan de ajuste. Un plan que no se compadece con los intereses de este país, sino que son medidas que avanzan justo en la dirección contraria y que se instalan en una lógica de reparto de la carga profundamente desequilibrada e injusta. Por tanto, la respuesta de convocatoria de Huelga General en el sector público para el 8 de junio es la adecuada a semejante ataque.
Hay alternativas, se pueden hacer las cosas de otra manera. Hay otras vías. En Comisiones Obreras nunca nos hemos quedado en la mera crítica o en la simple contestación. Somos mucho más responsables que todo eso. Hay vías alternativas, y no es cierto, por mucho que lo repitan hasta la saciedad el presidente del Gobierno, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y la Unión Europea, que sólo haya una salida en el ajuste del gasto. Basta mirar al vecino Portugal, que han tenido la valentía de ir a un acuerdo entre las formaciones políticas y construir el plan para la acomodación de las cuentas públicas, no sólo actuando sobre el gasto sino también sobre los ingresos, sobre la política fiscal, modificando elementos fiscales en aquel país para dotar de más capacidad financiera a las Administraciones Públicas. Aquí no, aquí se impone todo el Plan que va en la línea de la reducción del gasto, junto con un fuerte golpe a la inversión productiva.
Y todo esto ¿para qué?, para dar satisfacción y tratar de calmar a los mercados, pero no va a poder hacerlo y probablemente en pocos días conozcamos el anuncio de nuevas exigencias. Porque los mercados son insaciables y han visto la debilidad de los Estados y saben que pueden imponer sus condiciones. Los Estados tienen la obligación de fortalecerse con la ciudadanía.
El Parlamento, el pasado 27 de mayo y por un voto, ha dado el visto bueno al Plan del Gobierno, nosotros consideramos que debería haberlo rechazado y haber mandatado al Ejecutivo para que convocase con urgencia a los partidos, sindicatos y organizaciones empresariales y en ese marco tratar de establecer una línea de actuación, desde el consenso que, acorde con la gravedad de la situación, apostase por un plan equilibrado y coherente con las necesidades y prioridades de las actuales circunstancias económicas y sociales.
Hay alternativas, y es una necesidad completar el proceso de reestructuración del sistema financiero español porque no habrá reforma laboral que genere empleo si no se genera actividad económica; una actividad que depende de la inversión privada y de la canalización del ahorro a la economía real, función ésta que corresponde a los bancos y las cajas de ahorro.
La recapitalización del sistema financiero español es una de las mayores necesidades de la economía española. Esto exige capitalizar, concentrar y reestructurar el sector, manteniendo el control de riesgos. La capitalización se puede abordar ahora por distintas vías: emisión de participaciones preferentes, cuotas participativas, ampliaciones de capital, con distintas consecuencias en cuanto a la responsabilidad asumida por el Estado.
En todas ellas, debe exigirse el cambio de gestores y políticas causantes de las dificultades, y que sean compatible con la defensa del modelo social y naturaleza jurídica de las cajas de ahorros, tanto en lo que se deriva de la regulación actual de estos instrumentos de captación de recursos como en lo que se derive de cualquier iniciativa de cambio normativo en su definición.
Es preciso definir los procedimientos que permitan integrar entidades de distintas comunidades autónomas cuando lo decidan sus órganos de gobierno. Tanto en el caso de fusiones como en las llamadas “fusiones virtuales” a través de Sistemas Institucionales de Protección (SIPs), que deben poder darse a través de instituciones cuyo marco normativo sea el de las cajas de ahorros.
Activar el FROB, si es preciso prorrogando su vigencia, y acometer reformas legislativas imprescindibles para garantizar empresas viables (rentables, solventes y eficientes), el empleo y, en el caso de las cajas, su modelo social de inclusión financiera de amplios sectores de población y estructuración socioeconómica de los territorios en los que realizan su actividad, retorno del beneficio como dividendo social y participación de la sociedad y trabajadores de las cajas en la administración y control de la actividad financiera y social.
Se hace necesario que la industria financiera española encuentre nuevos mecanismos de financiación de estas empresas además de los ya existentes, mecanismos que amparados en su buena rentabilidad soslayen los problemas de solvencia y dimensión. De ahí que no sólo debemos hablar de instrumentos financieros, sino de una colaboración estrecha con instituciones y organismos, y la combinación con instrumentos complementarios de otros sectores estratégicos, Telecomunicaciones, Tecnología de la Información, etc…, todo con un único objetivo: aumentar el tamaño de nuestras empresas, promover su asociación y cooperación en estructuras de mayor tamaño capaces de operar en los mercados financieros. El aumento de tamaño de las Pymes es una de las bases para la modificación de nuestro modelo productivo.
Es necesaria una profunda reforma fiscal, eso también es inversión pública y eso se llama impuestos. Y, si tienen miedo a enfrentarla, que al menos se planteen que para combatir la crisis se puedan adoptar, aunque sea de manera transitoria, algunas medidas que nos eviten la situación que va a generar el Plan de ajuste.
Combátase la bolsa de fraude, actúese en las sociedades de inversión de capital variable. Empréndase una lucha decidida, con coraje político, contra la economía sumergida. No es de recibo que nuestro país tenga 10 puntos más de media de economía sumergida que el resto de los países de la comunidad europea. La lucha contra el fraude y la economía sumergida del Gobierno se ha quedado en meras palabras y además se ha condenado a la precariedad a millones de personas en nuestro país que trabajan sin los mínimos derechos laborales que sería imprescindible garantizar por un Gobierno que se reclama de izquierdas.
Hay alternativas. Estas o parecidas, pero hagamos una discusión en el país y no vayamos a la vía de la imposición unilateral como único recurso.
En este contexto, a pesar de todo, nosotros queremos un acuerdo en el ámbito laboral. Ya hemos mostrado nuestra responsabilidad suficientemente. Este sindicato la tiene sobradamente acreditada. No hace falta ir al pasado, en el momento presente hemos promovido y suscrito el Acuerdo en la Función Pública, el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva que, por otra parte, las organizaciones empresariales están poniendo en sordina a la hora de su desarrollo y aplicación.
No podemos permitir que el Plan de ajuste, si sigue adelante, contamine otros espacios como la negociación colectiva y el diálogo social tripartito, como ya apunta que puede suceder.
Vamos a hacer una apuesta decidida por el acuerdo en la Mesa laboral, pero queremos un acuerdo equilibrado. Lo hemos dicho y lo vamos a sostener; de ésta no se puede salir con un deterioro mayor del mercado laboral en España a partir de una devaluación de la normativa laboral y no estamos de acuerdo con muchas de las cuestiones que plantean las organizaciones empresariales, algunas de ellas apoyadas por el Gobierno.
El Plan de ajuste ha establecido un nuevo marco de interlocución, un campo de juego distinto, peor para la negociación tripartita. Aún así vamos a apostar por el acuerdo, pero un acuerdo, insistimos, equilibrado.
Ya están anunciando que tienen el Decreto Ley preparado. Podían haber sido más diligentes en la fase de negociación. Nuestra apuesta sigue siendo la negociación, lo hemos dicho hasta la saciedad; ante tanta presión de propios y extraños, tenemos que reafirman que la regulación laboral no crea empleo, el empleo se crea reanimando la actividad económica, estimulando el consumo y la inversión pública y privada, justo lo contrario de lo que suponen las medidas del Gobierno. En el mejor de los casos, las modificaciones en la regulación del mercado laboral pueden contribuir a crear entornos favorables. De esta premisa partíamos para establecer los dos grandes objetivos que CCOO se propuso en la negociación que ahora está llegando a su fin. En primer lugar se trata de contribuir a taponar la sangría de destrucción de empleo, y en segundo lugar de crear las condiciones para que, una vez la actividad económica se recupere, el empleo también lo haga.
Estos dos objetivos nos llevaron a plantear dos tiempos distintos para la negociación, así como dos bloques temáticos diferenciados para cada uno de ellos, frente a aquellos que planteaban una única negociación donde unos temas condicionasen a los otros, independientemente del espacio temporal en el que debían operar las medidas que en su caso se acordasen.
Que el país sepa que no sólo cabe la resignación o la protesta por muy elevada de tono que sea. Que hay alternativas distintas que se pueden construir entre todos con voluntad, con rigor, con capacidad y, si hace falta, con movilizaciones. Las movilizaciones que ahora se inician, la extensión y amplitud de las mismas, incluida la Huelga General, si es el caso, van a depender de la acción del Gobierno, del mantenimiento o la profundización de las medidas que ahora plantea, del resultado de la Mesa de negociación tripartita.
La negociación ha ido discurriendo más lentamente de lo que hubiera sido conveniente y ha pasado un largo periodo de tiempo desde que se retomara el diálogo social tripartito. Se ha intentado articular un proceso con voluntad de llegar a un acuerdo y seguimos instalados en esa idea, a pesar de los problemas y de las dificultades y a pesar de que el plan de ajuste aprobado por el Gobierno tiene al menos dos efectos colaterales. Uno, debilita, porque estrecha el campo en el que se puede trabajar, las posibilidades de un acuerdo tripartito en el mercado laboral y, otro, sobre la negociación colectiva. Algunos efectos ya los estamos viendo en algunos comportamientos empresariales, en relación con convenios colectivos que estaban a punto de firmarse. El más sangrante el del campo en Extremadura que, convocados los medios de comunicación para proceder a la firma y explicar la misma, la patronal desconvoca a los medios y plantea que, conocido el plan del Gobierno, quiere un menos 5, ¡se iba a firmar un pírrico 0’8 para el primer año y llegaron con la propuesta de rebajar 5!, no se ha generalizado todavía, pero ya existen artículos de prensa del presidente de la CEOE donde indica el camino a seguir en relación con los compromisos en materia de negociación colectiva.
Deberíamos tratar de evitarlo, en la medida de lo posible. En lo que dependa de nosotros, al menos, así lo haremos, pero son efectos colaterales importantes de la decisión del Gobierno que contamina el resto de los espacios.
Nosotros hemos ido a la mesa de negociación con las propuestas en torno a la entrada al empleo, la permanencia en el trabajo y la salida. Es difícil, por no decir imposible, salvo que vayamos a donde pretende ir ahora desde la CEOE, construir un plan de choque para favorecer la contratación de jóvenes y de parados y paradas de larga duración, si la CEOE pretende ir por la modificación de los artículos 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores para hacer previsible el despido, eso supone descausalizar el despido objetivo, sinceramente ésta es una línea roja que este sindicato no va a cruzar. Porque lo que buscan en esta negociación no es compartir en materia de organización del trabajo, lo que buscan es utilizar la crisis como oportunidad para reforzar el poder discrecional de las empresas.
Hemos planteado abordar el debate sobre la flexibilidad, sabiendo que significa la modificación de condiciones sustanciales de trabajo y esto lo regulan los artículos 39, 40, 41 y 47 del Estatuto de los Trabajadores y expedientes de regulación de empleo, sean de extinción o sean temporales. Sabemos que se trata de un debate que tiene una gran envergadura y que una patronal moderna asumiría con agrado porque es un auténtico desafío, porque es un reto para la transformación de nuestro marco de relaciones laborales, porque supone abrir la ley para reforzar el convenio colectivo desde el reforzamiento de la participación sindical en la empresa. Esto también es un desafío para el movimiento sindical, es un reto que, aunque costoso, nos permitiría reforzar la organización desde el reforzamiento de la negociación colectiva. Pero esta patronal no está dispuesta a explorar esta posibilidad, a compartir en materia de organización del trabajo y lo que buscan es utilizar la crisis como oportunidad para reforzar el poder discrecional de las empresas.
Éstas son las propuestas de la patronal y el Gobierno ha estado ausente, a pesar de que no es un mero espectador, ni un mediador, sino una parte activa de la negociación, que ha delegado su parte de responsabilidad, pero ahora tiene que recuperarla, entre otras cosas porque ha cambiado el escenario en el que estábamos trabajando y lo ha cambiado el propio Gobierno.
CCOO sigue apostando por el Acuerdo Laboral y vamos a trabajar para alcanzarlo, pero sabiendo dónde están los límites con precisión, porque hay barreras que no se pueden traspasar.
Nos reafirmamos en la voluntad inequívoca de alcanzar un acuerdo en la mesa de mercado laboral, pero tenemos que advertir que, en el actual escenario socioeconómico, marcado por los recortes sociales decididos por el Gobierno, ante cualquier tipo de reforma del mercado de trabajo lesiva para los derechos de los trabajadores y en el marco del actual proceso de movilizaciones, procederemos a la convocatoria de una Huelga General en el país, en el marco de unidad de acción y de acuerdo con la UGT.
Además CCOO, junto con la UGT, hemos propuesto la celebración de una jornada de acción sindical europea, que finalmente ha cristalizado en la convocatoria, por parte de la CES, de una gran jornada de movilización sindical europea para el día 29 de septiembre, que se concretará en una gran manifestación sindical europea en Bruselas, acompañada de distintas movilizaciones en cada país, de acuerdo con las posibilidades y dinámicas nacionales, huelgas, manifestaciones y otras acciones de protesta. Con esta medida el movimiento sindical europeo quiere expresar su rechazo a las medidas que se van tomando y que afectarán negativamente al crecimiento económico y al empleo, poniendo en cuestión la salida de la crisis en Europa.
La crisis está poniendo en evidencia carencias básicas en el proceso de construcción europea. Los límites de un mercado con una única moneda, sin instrumentos de política económica esenciales, así como las deficiencias del sindicalismo europeo, deben ser objeto de atención prioritaria en los debates del próximo congreso de la CES previsto para 2011. La estrategia de los sindicatos pasa por defender el empleo, el crecimiento económico y una mayor integración política y económica europea.
Paralelamente al trabajo que hay que desarrollar a nivel internacional, tenemos que afrontar y articular la respuesta de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país para que, frente al Plan de ajuste del Gobierno, se abra camino un Pacto por el crecimiento, el empleo y el cambio de modelo productivo. Nadie dijo que el camino en la defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras, de la gente que quiere trabajar y no puede hacerlo y de la gente que ha terminado su actividad laboral después de largos años de trabajo, sea fácil, pero a ello vamos a dedicar todas nuestras energías.
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